La ley se encuentra actualmente en el nivel de propuesta, pero elevaría los asuntos de salud pública al nivel de ‘seguridad nacional’, como explica El País: “Toda persona mayor de edad debe ser obligada a cumplir con las ‘obligaciones personales’ exigidas por las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare un estado de crisis en España. En este caso, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir con las órdenes e instrucciones emitidas por las autoridades “. Esto suena lo suficientemente vago como para sugerir, literalmente, que nada estaría prohibido en términos del alcance masivo legalmente consagrado de las autoridades estatales en la vida personal de las personas sobre las meras bases de una crisis nacional. Y, además, hay poco o nada que establezca un umbral claro para lo que legalmente constituiría tal crisis.

Un tribunal alemán, en un fallo histórico, declaró que los confinamientos por COVID-19 impuestos por el gobierno son inconstitucionales. El cierre de primavera de Turingia fue una “decisión política catastróficamente equivocada con consecuencias dramáticas para casi todas las áreas de la vida de las personas”, dijo el tribunal, justificando su decisión.