Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen
prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones
informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena
conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las
importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos
organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos
Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y
Álvaro Pulido. Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja
una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción
del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta
historia

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Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.

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Derwick canaliza gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos mediante operaciones sospechosas de constituir delitos de blanqueo de capitales que están siendo investigadas en varios países, entre ellos, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Se aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America. Según ha podido conocer esta investigación periodística, el Departamento de Justicia de Estados Unidos mandó un exhorto en 2015 a las autoridades fiscales suizas para solicitar asistencia de cooperación recíproca y estudiar si Derwick y sus empresas afiliadas y asociadas estaban usando cuentas en el país helvético para blanquear capitales asociados con los contratos llevados a cabo con las empresas estatales venezolanas.

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