La ley se encuentra actualmente en el nivel de propuesta, pero elevaría los asuntos de salud pública al nivel de ‘seguridad nacional’, como explica El País: “Toda persona mayor de edad debe ser obligada a cumplir con las ‘obligaciones personales’ exigidas por las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare un estado de crisis en España. En este caso, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir con las órdenes e instrucciones emitidas por las autoridades “. Esto suena lo suficientemente vago como para sugerir, literalmente, que nada estaría prohibido en términos del alcance masivo legalmente consagrado de las autoridades estatales en la vida personal de las personas sobre las meras bases de una crisis nacional. Y, además, hay poco o nada que establezca un umbral claro para lo que legalmente constituiría tal crisis.

Hay que señalar que comparativamente con lo ocurrido en el año 2020 en la que la incidencia acumulada de casos (IA) a finales de abril estaba por debajo de 200 y el porcentaje de ocupación de UCIs cerca del 40%, y sin tener vacuna la COVID 19, en este momento después de un año y con vacuna la IA está en 550 y el porcentaje de ocupación de las UCIs en un 60%, es decir, o bien la vacuna no funciona o bien la vacuna es la responsable de esta IA y de las hospitalizaciones y UCIs.

La doctora Henrion Caude también advierte que “estas vacunas crearán esencialmente un fenómeno llamado mejora dependiente de anticuerpos (ADE) o un aumento de la dependencia a los anticuerpos que provocará que un trozo de ARNm mensajero pueda replicarse indefinidamente creando trozos de proteína (Proteína de espiga) en el interior de nuestro cuerpo”.