IEMENS es la empresa adjudicataria de la mayor cantidad de contratos termoeléctricos por parte del gobierno de Hugo Chávez, entre 2010 y 2013. Las plantas termoeléctricas Termozulia 2, Termozulia 3 y Argimiro Gabaldon en el occidente de Venezuela son ejemplo de ello. Lo mismo que otras plantas termoeléctricas en el centro y el oriente del país. En este sentido, hablamos, solo en estas plantas, de casi 2000 millones de dólares. Pero en total, a nivel nacional podría hablarse de 38 mil millones de dólares invertidos en la emergencia eléctrica, totalmente fracasada, donde la empresa SIEMENS tuvo siempre enormes privilegios de parte de la nomenclatura gobernante en Venezuela y los correspondientes ministros de energía eléctrica y presidentes de Corpoelec. Actualmente, menos del 10% de las máquinas vendidas a Venezuela por SIEMENS están operativas y es ésta la principal causa de los apagones a nivel nacional. Pero ¿Cuáles son los antecedentes de SIEMENS? ¿Cuál es el prontuario de corrupción globalmente conocido de esta empresa alemana?

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Contrariamente a la propaganda promovida por la prensa empresarial y de negocios internacional, entre el 67% y el 72% de las corporaciones , en los Estados Unidos, tenían cero obligaciones tributarias después de créditos y exenciones. Mientras tanto, sus trabajadores y empleados pagaban entre el 25 y el 30% de sus ingresos anuales en impuestos. En promedio, la tasa impositiva promedio para la minoría de corporaciones, que pagaron algo de impuestos, fue del 14%.

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Lo alentamos a que use estos documentos para pedir un cambio decisivo lejos de las políticas centradas en los inversores, y para reclamar energía para la propiedad pública y el control democrático, hacia el financiamiento público en los niveles de “New Deal” para ampliar el despliegue y hacia el restauración de la planificación y entrega de energía como un “bien público”. No necesitamos “más ambición”. Necesitamos un enfoque radicalmente diferente para la transición.

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Corporate Watch publicó un informe que expone algunas de las prácticas poco éticas e ilegales que Nestlé ha estado cometiendo durante mucho tiempo en todo el mundo, ignorando por completo las preocupaciones de salud pública al tiempo que destruye los entornos naturales para garantizar enormes ganancias anuales de $ 35 mil millones solo por la venta de botellas de agua.

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