El inicio de las jornadas intensivas de inoculación de las 2das dósis de las vacunas experimentales de COVID-19 se da alrededor de la 2da semana de julio, en una segunda oleada, luego hasta 4ta semana de agosto, en una tercera oelada. Es entonces, a partir de este momento cuando esperaríamos haber tenido una progresiva reducción en los contagios debido a un bloqueo inmunitario de grupo inducido por las vacunas en la población de la región central, sin embargo, los datos demuestran claramente que no ha sido así. Entre la tercera semana de Agosto y la segunda semana de Octubre, la cantidad de contagios en la región central de Venezuela se multiplicó por 5, lo que representa un incremento del 495%.

De los 700 médicos que respondieron a una encuesta en Internet de la Asociación de Médicos y Cirujanos Estadounidenses (AAPS), casi el 60 por ciento dijo que no estaban “completamente vacunados” contra el COVID. Esto contrasta con la afirmación de la Asociación Médica Estadounidense de que el 96 por ciento de los médicos en ejercicio están completamente vacunados, basandose en sólo 300 encuestados.

La ley se encuentra actualmente en el nivel de propuesta, pero elevaría los asuntos de salud pública al nivel de ‘seguridad nacional’, como explica El País: “Toda persona mayor de edad debe ser obligada a cumplir con las ‘obligaciones personales’ exigidas por las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare un estado de crisis en España. En este caso, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir con las órdenes e instrucciones emitidas por las autoridades “. Esto suena lo suficientemente vago como para sugerir, literalmente, que nada estaría prohibido en términos del alcance masivo legalmente consagrado de las autoridades estatales en la vida personal de las personas sobre las meras bases de una crisis nacional. Y, además, hay poco o nada que establezca un umbral claro para lo que legalmente constituiría tal crisis.