Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen
prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones
informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena
conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las
importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos
organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos
Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y
Álvaro Pulido. Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja
una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción
del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta
historia

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Nuevas marcas y empresas que aparecen en los combos que reciben los hogares venezolanos pertenecen en realidad al mismo entramado. Es el caso de 4PL, una empresa que opera desde Cartagena pero que, a pesar de su súbita aparición, ya estaba en la mira de los anticuerpos de los organismos internacionales contra la corrupción.

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Sin partida de nacimiento no se puede procesar un acta de defunción, así que para los efectos prácticos, estos niños warao nunca existieron para el Estado, solo para sus familiares. “En Delta Amacuro la epidemia de sarampión lo que hace es evidenciar las grandes deficiencias y el total abandono que hay no solo en materia de salud, sino el abandono general de la entidad”, lamenta y sentencia Tillett. Los esfuerzos oficiales por silenciar lo que ocurre en la comunidad warao y yanomami poco ayudan a evitar que los decesos sigan ocurriendo. El silencio también los sentencia a morir.

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