España prepara ley de régimen marcial para próxima oleada pandémica: Expropiaciones, suspensión de garantías, etc.

El diario español El País informa sobre un escenario tremendamente alarmante en el que el gobierno central de España está reflexionando sobre una movilización nacional y una «ley de seguridad» que obligaría a los ciudadanos a ceder «temporalmente» sus derechos en casos de futuras crisis de salud pública o emergencias como sucedió en 2020 con la pandemia de coronavirus.

La ley se encuentra actualmente en el nivel de propuesta, pero elevaría los asuntos de salud pública al nivel de ‘seguridad nacional’, como explica El País: «Toda persona mayor de edad debe ser obligada a cumplir con las ‘obligaciones personales’ exigidas por las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare un estado de crisis en España. En este caso, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir con las órdenes e instrucciones emitidas por las autoridades «. Esto suena lo suficientemente vago como para sugerir, literalmente, que nada estaría prohibido en términos del alcance masivo legalmente consagrado de las autoridades estatales en la vida personal de las personas sobre las meras bases de una crisis nacional. Y, además, hay poco o nada que establezca un umbral claro para lo que legalmente constituiría tal crisis.

A lo largo de la pandemia, ya hemos visto varios lugares en Europa, también en Canadá, donde los funcionarios gubernamentales ya esencialmente reclaman poderes de gran alcance para obligar a la ciudadanía a rendirse ante sus linieamientos. Ahora España busca consagrar permanentemente este escenario en la ley.

Veamos hasta dónde llega esta propuesta orwelliana, según informa El País:»En el caso de que se declare un estado de crisis en España (‘situación de interés para la Seguridad Nacional’ es el nombre que da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, en la intervención u ocupación provisional. de las que sean necesarias o la suspensión de todo tipo de actividades. Los partidarios de la futura legislación están tratando de asegurar al público que eventualmente vendría una «compensación»; sin embargo, claramente otorgaría poderes permanentes e infinitos a cualquier gobierno que decidiera promulgarlo sobre la base de una «crisis» real o fabricada»

Aquí hay más información sobre la ciudadanía que se considera ‘militarizada’ según la legislación propuesta: «El deber concierne no solo a todos los ciudadanos sino también a las empresas y personas jurídicas de colaborar con las autoridades para superar la crisis, a través de una prestación de carácter personal o material. El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, según el cual «los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España». Es el mismo artículo que regula el servicio militar obligatorio (suspendido en España desde 2001), aunque no hace referencia a su apartado 2º, que establece las «obligaciones militares de los españoles», sino al 4º, según el cual, «por Ley, los deberes de los ciudadanos pueden ser regulados en casos de riesgo grave, catástrofe o calamidad pública”, disposición constitucional cuyo desarrollo ha permanecido inédito hasta el momento.

Otro detalle crucial se refiere a los medios de comunicación, que tendrían que realizar una transformación ‘temporal’ para servir exclusivamente a la propaganda oficial del Estado con el fin de «defender a España» como en una situación de guerra: «Entre otras novedades, el borrador incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de información de carácter preventivo u operativo. Lo más importante, sin embargo, es que incorpora medidas para evitar la recurrencia de desabastecimientos de productos y bienes críticos para enfrentar una crisis, como la falta de mascarillas, respiradores y EPP que se produjo cuando las infecciones comenzaron a extenderse masivamente»

El proyecto de ley se dio a conocer por primera vez en una reunión del Consejo de Ministros el 22 de junio, según el informe. No hay duda de que si España realmente adopta esta expansión ultracontrovertida de los poderes estatales en aras de una «crisis» vaga, otros países europeos tal vez ya lo estén haciendo o estén aún mucho más avanzados al respecto. Hemos visto a algunos funcionarios y expertos políticos impulsar medidas similares en los EE. UU. Y Gran Bretaña … desafortunadamente, esto parece ser el «proximo capitulo» que nos espera durante la próxima «temporada de crisis de salud mundial» ya en el horizonte.