Estadounidenses han perdido confianza en la versión de los “expertos” sobre el COVID-19

Como saben muchos observadores de la política de Estados Unidos, la abrumadora mayoría de la legislación a nivel federal ya no se lleva a cabo en el Congreso como pretendían los redactores de la Constitución. En cambio, la gran mayoría de la “reglamentación” que rige la vida cotidiana de los estadounidenses ahora se lleva a cabo a puerta cerrada, en las entrañas de la enorme burocracia del estado administrativo. Esta creación del presidente progresista Woodrow Wilson, en nombre del estado administrativo moderno, se basa en última instancia en un desdén por el desordenado toma y daca de la política republicana y una preferencia epistemológica por el gobierno de una especie de clero ilustrado.

Dicho de manera más simple, la versión más sencilla del argumento ofrecido por los partidarios del estado administrativo equivale a “Confíe en los expertos”. Y durante más de un siglo desde la presidencia de Wilson, el leitmotiv de “confiar en los expertos” se ha movido mucho más allá del ámbito del dogma predominante para la clase dirigente en agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Agencia de Protección Ambiental hacia una gran parte de la ciudadanía y la clase funcionarial electa, la frase “confíe en los expertos” ahora reina para todo, desde el ejército (“¡Confíe en los generales!”) hasta la salud pública (“¡Confíe en los epidemiólogos!”).

Esta frase “confíe en los expertos” ahora se está viendo muy cuestionada en los Estados Unidos. Las contradicciones y tribulaciones que está pasando la población con el COVID-19 en Estados Unidos han asestado un golpe irreparable a la credibilidad de la clase dominante y la apelación implícita a su autoridad como un círculo de expertos altamente capaces (ya eso no se lo cree nadie). Ninguna persona ejemplifica esto más que el Dr. Anthony Fauci, quien ha alcanzado el estatus de celebridad durante la pandemia como el inmunólogo más importante del país y el portavoz progresista de nuestra respuesta de política pública. Sin embargo, como Steve Deace y Todd Erzen detallan en su nuevo libro, “Faucian Bargain: The Most Powerful and Dangerous Bureaucrat in American History” [“El regateo fauciano: el burócrata más poderoso y peligroso de la historia de Estados Unidos”], Fauci se ha contradicho repetidamente a lo largo de la pandemia, hablando sobre lo que la “ciencia” exige en un momento dado mientras está siempre a favor de una política exageradamente draconiana.

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Las solicitudes recientes de la Ley de Libertad de Información, o FOIA, de BuzzFeed y The Washington Post permiten dar cuenta de esta realidad. Quizás lo más condenatorio es que las solicitudes de la FOIA revelaron un correo electrónico de febrero de 2020 a la exsecretaria de Salud y Servicios Humanos de la era de Obama, Sylvia Burwell, en la que explicaba que las mascarillas faciales compradas en la tienda son “realmente para personas infectadas para evitar que propaguen la infección a personas que no están infectadas y no le sirve a las personas no infectadas para evitar contraer la infección”. También agregó que “la máscara típica que se compra en la farmacia no es realmente eficaz para evitar el paso del virus, que es lo suficientemente pequeño como para atravesar el material”. Sin embargo, poco más de un mes después del correo electrónico de Fauci a Burwell, los estadounidenses debían usar máscaras casi cada vez que salían de su casa, y las publicaciones escépticas sobre las máscaras fueron censuradas o eliminadas por el brazo de aplicación de censura del sector privado preferido de la clase dominante, el Big Tech (Twitter, Facebook, Youtube, etc).

Luego está el tema separado de los intensivos confinamientos sociales de la era COVID-19, que nunca se justificaron en las métricas científicas a pesar de ser promovidos insistentemente por esos “escépticos y rigurosos cientificos” que exigian simplemente callarse y “confiar en la ciencia“. También está el Partido Demócrata y el inexplicable giro de 180 grados de los medios sobre la plausibilidad de la teoría de las fugas de laboratorio de Wuhan, es decir, la idea de que la pandemia de COVID-19 tiene como origen no una zoonótica transmisión en un “mercado húmedo” local, sino un escape del Instituto de Virología de Wuhan, que estaba llevando a cabo una peligrosa investigación sobre el coronavirus (parcialmente subvencionada por el contribuyente estadounidense) y se encuentra en las inmediaciones de los primeros casos confirmados del entonces nuevo virus. La teoría de las fugas de laboratorio siempre fue plausible, si no probable, pero quienes la promovieron como una posibilidad desde el principio, como el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) y el entonces presidente Donald Trump, fueron criticados habitualmente como teóricos de la conspiración sinófobos.

Nunca hubo una razón convincente para descartar la teoría de la fuga de laboratorio y, en retrospectiva, parece que aquellos que lo hicieron probablemente estaban motivados más por la animadversión personal anti-Trump al estilo del “hombre naranja malo” que por cualquier otra cosa. La administración de Biden ha pedido recientemente una revisión de la comunidad de inteligencia de 90 días sobre los orígenes de la pandemia, que es una buena noticia para aquellos de nosotros que hemos llamado a COVID-19 un “Chernobyl chino” exigiendo una responsabilidad geopolítica seria desde el primer día, pero triste noticias para aquellos que pueden haber presumido un mínimo de honestidad intelectual por parte de nuestras élites políticas.

La política estadounidense se encuentra actualmente en un momento populista. Ese momento populista se caracteriza por una desconfianza generalizada hacia las élites y un abismo cada vez mayor percibido entre las prerrogativas de la clase dominante y los deseos del pueblo estadounidense en general. Cuando finalmente comencemos a emerger de COVID-19, ese abismo solo se hará más ancho. La clase dominante finalmente se ha manchado a sí misma una vez de más.

Josh Hammer via The Epoch Times