Diputados opositores encubren a empresarios colombianos detrás del programa de los CLAP

Escrito por ROBERTO DENIZ – Armando.info

Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen
prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones
informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena
conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las
importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos
organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido. Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción del Gobierno de Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta historia

Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración
Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema
de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de
Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus
negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la
oposición venezolana y declarada en desacato por el TSJ, hasta
alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido
Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que
estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación
/Maletín Verde/ para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró
fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros
documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión
de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal
General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios,
negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Nuevas revelaciones

Eso fue así hasta ahora. Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP
https://armando.info/Reportajes/Details/2443. El esquema incluye a
varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la
Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la
única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía
respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves
para entender esta historia. Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP https://armando.info/Reportajes/Details/2475, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos
Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de
Nicolás Maduro. Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los
empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo,
siempre en expansión desde 2013.

El diputado de Primero Justicia, Luis Parra, orquestó las acciones de la
Comisión de Contraloría en defensa de Carlos Lizcano Manrique,
empresario vinculado a la trama de Alex Saab.

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados
coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los
diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido
Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la
novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de
Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la
Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al
propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o
relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana
acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su
mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los
archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se
concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción
incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de
su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el
20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y
José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez
Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de
Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William
Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este
último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado
por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela a través
de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una
sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el
esquema comercial detrás de los CLAP.

Los diputados Adolfo Superlano, hasta hace días del partido Cambiemos, y
José Brito, de Primero Justicia, consignaron ante la Fiscalía de
Colombia una carta en defensa de Carlos Lizcano y la empresa Salva
Foods, propietaria de las Tiendas CLAP.

La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario
nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Departamento de Norte
de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en “sesión
ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y
en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una
comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin
embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos
últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso
parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de
la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se
permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su
presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como
Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2018. “El señor
presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo,
sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se
produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción
funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”,
se jactan.

La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el
extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al
Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el
momento de cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción
del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un
ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también
a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro
el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el
pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras
medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo
permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en
persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una
oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación
entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra, han tenido lugar
en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en
apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios
locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la
solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario
colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de
Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a
que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con
estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este
reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han
dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste
(/N.d.R.: Alex Saab/) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera
(/N. d. R.: Rafael Ramírez/)”.

A pedido del empresario Carlos Lizcano los diputados de la Comisión de
Contraloría de la AN también enviaron por correo una carta al
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Ramal Dorado

Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de
la empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy,
para Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de
Agroleón Molinos de San Felipe es Roger León, conocido empresario de esa
entidad y amigo del diputado Parra, que representa a Yaracuy en el
parlamento. A ambos se les ha visto en actividades políticas en esa
región del centroccidente venezolano.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón
Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de
granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de
“carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de
bolívares. Meses antes, el 17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de
San Felipe había emitido otra factura /proforma/ a nombre de Salva Foods
Fze, esta, registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de
la trama del negocio de los CLAP, por casi 500.000 euros. El concepto de
la factura es por la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros
cuadrados”, y el pago debió efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá.
Ni la compañía ni su propietario contestaron la petición de entrevista
sobre esas transacciones.

Mientras que el diputado Luis Parra ayudaba a Carlos Lizcano, un
empresario amigo del diputado realizó transacciones con Salva Foods, la
compañía del empresario colombiano.

El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar
todavía más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a
esas gestiones, otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y
miembro de la Comisión de Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio
Fajardo, anunció mediante una nota de prensa en junio pasado que abriría
una investigación sobre Lizcano por la “ilegal explotación y
comercialización del oro” del denominado Arco Minero. “Hay que ejercer
acciones contra aquellos que de manera ilegal explotan y comercializan
nuestros recursos naturales por encima de la devastación ambiental de
nuestro país”.Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje.

La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San
Felipe para Salva Foods arroja una pista adicional acerca de la
trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición.
Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al
diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito
Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y
promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano.

Sobre ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis
Parra indicó que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal
Carlos Lizcano tiene minas y una mafia de oro, y nosotros estamos
abiertos a que entreguen las pruebas”. Sin embargo, replicó al ser
consultado sobre los avances de esa eventual investigación, “tú no
puedes investigar lo que no existe”.Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la comercialización y extracción de oro venezolano https://armando.info/Reportajes/Resume/2502. La incursión en este negocio tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de Caracas; pero también asegurarse una forma de pago difícil de rastrear por las importaciones efectuadas para los CLAP.
Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la estructura de los
empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos Lizcano suele
viajar a la zona minera del sur de Venezuela.

La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San
Felipe para Salva Foods arroja una pista adicional acerca de la
trama tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición.
Desde la compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al
diputado Luis Parra y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito
Metropolitano de Caracas, director del website Primicias24.com y
promotor del autodenominado Bloque de Prensa Digital Venezolano. El
asunto no parece casual.

Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón
Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de
granos, despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de
“carne en canal, puesta en el sitio” por un total de 120 millones de
bolívares.

Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a
Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga.
El 17 de abril los cuatro debieron regresar desde Madrid a Caracas en un
vuelo de Air Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes
fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te
pregunte de dónde sacas el dinero para mantenerte, para viajar y para
hacer las cosas que estás haciendo, quién te paga para andar
investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”, respondió Parra
al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de Primicias24, ni los
diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la petición de
entrevista.

En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París,
Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en
Bogotá para volar por la línea Air France. Sobre ninguna de estas giras
hubo información pública de parte de los parlamentarios. Fuentes
cercanas a los diputados agregan, además, que por esos días habrían
viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de Liechtenstein,
para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la
investigación contra el entramado de Alex Saab.En algunas de esas
jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos
financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario
búlgaro Dnevnik.Bg, a partir de una minuta enviada desde la cancillería
búlgara a un diputado del partido socialista de ese país, reseñó en
junio la visita hecha por parlamentarios el 12 de abril, aunque sin
detalles de las peticiones de los funcionarios venezolanos a autoridades
de ese país. Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de Carlos Lizcano y Salva Foods.

Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en
Madrid, para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a
Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la
petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez, así como ex
Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre otros
cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a
medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela.“Vive como un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…) Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”, declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra Rafael Ramírez, ya reincorporado a la Comisión de Contraloría.

En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela,
representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción
parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria,
encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante,
Pirela se apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa
denuncia contra Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN. Integrantes de la Comisión de Contraloría viajaron a Roma y Madrid para denunciar, entre otras personas, a Rafael Ramírez. El viaje al final encendió otras sospechas sobre la actuación de algunos de esos
parlamentarios.

Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente, llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión; si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza. De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.

Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra
Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio
autoimpuesto desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese
momento vicepresidente de la comisión, declaró a los medios de
comunicación que asumía la “voz de los compañeros de la Comisión de
Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha fungido en la práctica
como presidente /de facto/ de esa instancia del parlamento.

Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard
Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018
y filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las
que los parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a
Lizcano, sino al mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también
contiene la firma del presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy
Superlano. Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para
este reportaje, Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.

La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de
especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que
en su financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla
no era solo entre diputados. En un encuentro digital con los corresponsales extranjeros en septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia y hablando desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa, muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no investiga”.

Semanas después y durante meses empezaron a publicarse en Primicias24.com, el portal de Carlos Herrera, artículos en defensa de
Salva Foods, la compañía de Carlos Lizcano y propietaria de las Tiendas
CLAP. Las publicaciones llegaban a comparar la supuesta robustez de
Salva Foods con Empresas Polar, la principal corporación privada de
Venezuela en categorías de productos alimentarios y bebidas. “Salva
Foods es una empresa que se creó en el año 2015 con el objetivo de poder
comercializar alimentos a gran escala. No es una empresa de maletín,
cuenta con alrededor de 6.500 empleados y está entre las empresas más
grandes del país debido a que también cuentan con una gran
administración logística”, insistía una de las notas de prensa.

Las fechas de esas publicaciones coinciden con la data de las cartas de
la Comisión de Contraloría filtradas a redes sociales con firmas
presuntas de Freddy Superlano, Conrado Pérez, Richard Arteaga y hasta
del secretario de dicha comisión. Solo el diputado Superlano insiste en
que no firmó esas comunicaciones en defensa de Alex Saab, Carlos Lizcano
o las compañías del grupo. La fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz,
también niega haber recibido comunicación alguna de la Comisión de
Contraloría con esa finalidad.

Integrantes de la Comisión de Contraloría viajaron a Roma y Madrid para
denunciar, entre otras personas, a Rafael Ramírez. El viaje al final
encendió otras sospechas sobre la actuación de algunos de esos
parlamentarios.

Ninguna de las cartas está tampoco en el expediente número 1714 que la
Comisión de Contraloría creó en 2017 cuando el diputado de Primero
Justicia, Carlos Paparoni, abrió formalmente el caso. Según esos indicios, se trataría de documentos apócrifos, forjados como parte de una estrategia de desinformación. “Nunca pasaron por el registro de la comisión, aunque hablen a nombre de la comisión”, sentencia una fuente que prefirió el anonimato.

En esos escritos, todos fechados en 2018, se refiere que la investigación en torno a Alex Saab y su participación en el negocio de los CLAP, se habría iniciado gracias a una denuncia del ciudadano Ramsés Reyes, obviando que la investigación en realidad tuvo su punto de partida oficial un año antes.

Ramsés Reyes es un personaje familiar en el portal Primicias24. Con
frecuencia, el sitio recoge denuncias de supuestos hechos de corrupción
por parte de ese individuo, al que suele identificar como “abogado y
contador público” e integrante del partido Corrientes Revolucionarias
Venezolanas.

El abogado de Salva Foods, Pedro Aranguren, aseveró vía Twitter que
“emplazará” a la Asamblea Nacional “con documentos en la mano” para que “reconozca las resoluciones de la Comisión de Contraloría a favor del
empresario Alex Saab, que demuestran no forjó nada y que los documentos
fueron firmados de puño y letra por los integrantes de esa comisión”.
Sus palabras son, en el fondo, el reconocimiento de que Alex Saab es el
dueño en la sombra de las Tiendas CLAP, cosa que siempre ha querido
desmentir el empresario colombiano a propósito de los reportajes de
Armando.info que han revelado esas conexiones a través de Carlos
Lizcano. Pedro Aranguren es también un personaje familiar de en
Primicias24 y es identificado como “penalista, ex juez y experto en
materia criminalística”.

Entre las filtraciones y el vértigo de las revelaciones que se suceden
una tras otra, y al cierre de esta historia, Freddy Superlano, aún
presidente desde la distancia de la Comisión de Contraloría, divulgó una
carta en la que pide al presidente interino, Juan Guaidó, abrir una
investigación con “diputados, periodistas y sociedad civil” en la
“plenaria de la Asamblea Nacional” para descubrir cómo es que en esa
instancia se cocinó una estrategia para defender a quienes son
calificados en algunos países como testaferros del propio Nicolás Maduro
y probables artífices de la Operación /Maletín Verde/, según la bautizó
el diputado José Guerra.

Integrantes de la Comisión de Contraloría viajaron a Roma y Madrid para
denunciar, entre otras personas, a Rafael Ramírez. El viaje al final
encendió otras sospechas sobre la actuación de algunos de esos
parlamentarios.

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