La directora de PDVSA Colombia que blanqueó millones de US$ en Andorra: Sara Moya Machado

Sara Alicia Moya Machado es originaria de Petare, estado Miranda y fue durante 7 años la gerente y representante legal de PDVSA GAS S.A Sucursal Colombia. Fue la encargada de PDVSA para la venta de combustible al Norte de Santander, departamento colombiano que concentra el mayor flujo de contrabando de combustible y cultivos de coca en control de grupos irregulares armados colombianos. Sara Alicia Moya Machado es licenciada en Estudios Internacionales, egresada de la Universidad Central de Venezuela, UCV. Tiene un postgrado de Economía Internacional (DESS), específicamente sobre Intercambios internacionales entre Europa y América Latina en La Sorbona, de París. Su trayectoria profesional la liga a Rafael Ramírez Carreño, ex presidente de Pdvsa, ex ministro de Energía y Petróleo y ex embajador venezolano en la ONU. Las evidencias biográficas la colocan muy cercana a Diego Salazar, el corredor de seguros y primo de Rafael Ramírez, vinculado con el caso de lavado de dinero en el Banco Privado de Andorra. Es hija de Quintín Moya quien junto con Diego Salazar Luongo (Padre de Diego Salazar, primo hermano de Rafael Ramirez), participó en la guerrilla de los años 60 en Venezuela, e incluso compartió celda en Caracas con otros líderes de la izquierda armada de entonces, como Teodoro Petkoff. Incluso, una de las tías de Moya actualmente está casada con Rafael Salazar, quien fuera gerente de Recursos Humanos de Pdvsa en la gestión de su primo Rafael Ramírez. Este Salazar es también primo de Diego. Al inicio de la primera década de este siglo Sara Alicia Moya Machado conoció en Londres a Bernard Mommer, entonces asesor de Ramírez y del presidente Hugo Chávez. En 1999, Mommer estuvo en el Ministerio de Energía y Minas; por unos meses fue profesor en Oxford, financiado por el gobierno de Irak, luego se lo llevaron a Viena para que guiara a la OPEP y luego volver a Caracas en 2005. El señor Mommer invitó a Sara Alicia Moya Machado a seguir sus estudios en Inglaterra.

Bernard_Mommer
Bernard Mommer, llegó a Venezuela junto a su esposa Dorotea Melcher, perseguidos por la policía alemana, luego de participar en actos de terrorismo a finales de los años 70. Su amistad con Alí Rodríguez Araque viene desde aquel momento. Fue miembro de la Dirección Ideológica del PRV, de Douglas Bravo. Plagió la obra de varios historiadores de la ULA, de donde proviene su fama de historiador experto en petróleo. Fue asesor petrolero de Hugo Chávez y Rafael Ramírez, alcanzando el cargo de Vice Ministro de Energía y Petróleo de Venezuela.

A partir de enero de 2005, Sara Alicia Moya Machado se traslada a Caracas junto con Bernard Mommer, recién nombrado viceministro de Hidrocarburos, a asumir la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Petróleo, cargo en el que duró menos de 10 meses. De allí fue enviada a Londres otra vez, a la sede de PDV UK.
En Londres duraría solo un año más, porque la casa matriz cerró la oficina en esa ciudad. En la actualidad, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, ordenó la detención de Bernard Mommer, acusado de participar en una trama de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela, que le habría causado daños al país por $4.800 millones, que habría sido dirigida por el expresidente de la empresa estatal Rafael Ramírez. Mommer dirigía la la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Pdvsa Europa (PDV-UK), desde donde, según la investigación de la Fiscalía, se manipularon los precios del crudo y productos venezolanos causando un daño patrimonial estimado en $4.800 millones, desde 2009. Volviendo a Sara Alicia Moya Machado, en 2006 es recolocada en Colombia, donde Pdvsa comenzaba las gestiones para abrir una oficina. Rafael Ramírez la nombró Gerente de Pdvsa Gas Colombia, encargada de la construcción y administración del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.

El grotesco desfalco a PDVSA Gas Colombia

Como muchos ex-funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, Sara Alicia Moya Machado, después de la muerte del presidente en marzo de 2013, se dedicó a transferir dinero semanalmente desde los bancos Helm Bank y Citibank hacia sus cuentas personales en las Islas Gran Caimán. Cabe destacar que las cuentas jurídicas de Pdvsa Gas en Bogotá, Colombia, se encuentran precisamente en el Helm Bank y Citibank. Además, compró inmuebles en Bogotá, París, Nueva York y Caracas, en donde adquirió un edificio de cuatro pisos a un constructor Italiano, el cual puso a nombre de su tía Sarah Moya de Salazar. De acuerdo con datos suministrados a la Fiscalía por parte de un ex trabajadora, se conoció que la exjefa de la petrolera venezolana en Colombia llevaba una vida de lujos y derroche, en la que hacía fiestas en las que gasta hasta 250 mil dólares por noche. Como si todo lo antes mencionado fuera poco,  Sara Alicia Moya Machado, se adjudico una liquidación, cuando fue cesada del cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil dólares. En su gestión dentro de PDVSA Gas Colombia, esta señora extrajo para su propio beneficio alrededor de 100 millones de dólares, según informó la fiscalia general de la república de Venezuela.

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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, en Octubre de 2018 la solicitud de orden de aprehensión en contra de la exgerente de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Alicia Moya Machado, llamada por muchos como “La Condesa”, quien está involucrada en un caso “grotesco” de desfalco de 100 millones de dólares, cometidos entre los años 2005 y 2017.

El lavado de dinero en Andorra

La señora Sara Alicia Moya Machado también está involucrada en otro caso más allá de las fronteras colombo-venezolanas. Se trata del lavado de dinero proveniente de Pdvsa en el Banco Privado de Andorra. La ex directora de Pdvsa Gas Colombia figura junto a los nombres de otros altos funcionarios de la estatal petrolera como la única mujer investigada por lavar dinero en el Banco Privado de Andorra. Allí, de acuerdo con la información oficial, pasaron más 1.400 millones de euros de depósitos de jerarcas de la industria. En mayo de 2015, las autoridades judiciales del Principado de Andorra enviaron dos rogatorias a EEUU y Venezuela para solicitar información bancaria acerca de altos responsables de Pdvsa. El documento enviado por Andorra relata el origen y la forma cómo los funcionarios pudieron efectuar la operación de lavado: “desde el año 2006 y hasta finales de 2012 se han detectado operaciones financieras entre personas físicas y jurídicas que están relacionadas por las investigaciones. Como denominador común –añade el documento–, las personas físicas que participan son de nacionalidad venezolana y las sociedades utilizadas para transferir los fondos desde el extranjero al Principado de Andorra o viceversa son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas… El dinero que circula internacionalmente –precisa la comisión rogatoria–tendría un origen delictivo de corrupción política y/o de funcionarios del Estado venezolano” y añade que buena parte de los fondos procederían también de contratos sobrevalorados en materia de seguros cuyos tenedores serían empresas públicas venezolanas.

Muchos de estos trámites se hicieron a través de las gestiones de Mossak Fonseca para la conformación de la empresa Helmont Finance Corporation que se constituyó en Islas Vírgenes Británicas el 23 de junio de 2011. Desde el inicio del procedimiento Sara Alicia Moya Machado fue representada por una abogada de origen colombiano llamada Natalia Mulford, quien entonces trabajaba en Panamá para la firma Family Council Wealth Consulting Planning (FCWCP), fundada en Bogotá por el experto en asesoría de empresas en temas sucesorales, Raúl Serebrenik. Para constituir rapidamente la empresa usaron a una panameña que prestó su nombre, Connie Hidalgo, y que fungió como directora, a diferencia de otros casos, donde los testaferros eran trabajadores de Mossack Fonseca. La abogada Mulford dio al bufete el pasaporte y otros datos de la directora para facilitar el trámite. Hidalgo traspasó las 50 mil acciones de la sociedad, de acuerdo con el registro efectuado, a manos de Sara Alicia Moya Machado, momento en que recibe la titularidad de esta empresa offshore. Además, “los documentos originales de la sociedad se mantendrán”, aclaró entonces Mulford, en una dirección en Caracas que esta investigación periodística luego identificó como el apartamento de un familiar muy cercano a la ex gerente de Pdvsa en Colombia.

Certificado-de-Acciones-Helmont-Finance-Corporation
Connie Hidalgo (testaferro) traspasó luego de la constitución de la empresa, unas 50 mil acciones de la sociedad, de acuerdo con el registro efectuado, a manos de Sara Alicia Moya Machado, momento en que recibe la titularidad de esta empresa offshore.

La confrontación con las comunidades Wayuu de la Subregión Guajira

En Colombia, se confrontó no solo con sus supervisados, sino también con los representantes de las comunidades wayúu por donde pasa el gasoducto. La página web Siente América tiene un expediente de denuncias de extrabajadores de Pdvsa Gas Colombia y de representantes de las comunidades wayúu, que ha publicado en varias entregas. Según la información proporcionada por el medio digital, el representante de la veeduría de La Ciénaga, José Morales, sería uno de los que presentó una denuncia en la Fiscalía de Colombia. Dice en la comunicación sin fecha precisa que “hecho el seguimiento pertinente por esta veeduría encontramos una multiplicidad de incoherencias en los gastos de PDVSA en Colombia; e inclusive al parecer los faltantes que se generan de un lado en el caso de los dineros que no ingresan a las comunidades WAYUU entran a engrosar el patrimonio económico particular y privado de la propia gerente MOYA MACHADO”. En octubre de 2009, un grupo de indígenas protestó a la funcionaria de la petrolera venezolana, por el incumplimiento de un acta de compromiso firmada en 2008. “Es una burla lo que tienen con nosotros los señores de PDVSA y los funcionarios del Gobierno Nacional se lo permiten”, manifestaron los dirigentes wayúu que tomaron las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en la Guajira colombiana durante 10 días.

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